No existe en el mundo un marco legal integral que garantice totalmente la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. La OCDE estima que esta brecha de género causa pérdidas de seis billones de dólares (7,5% del PIB mundial) con un impacto directo en la vida de millones de mujeres. Poner fin a todas las formas de discriminación legal contra las mujeres y las niñas es, además, la primera meta del ODS 5 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

La OCDE acaba de presentar su Índice de Instituciones Sociales SIGI (del inglés, Social Institutions and Gender Index), en un acto organizado por la Fundación Microfinanzas BBVA y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). Un índice que mide la discriminación legal en las leyes formales e informales que restringen el acceso de las mujeres a derechos fundamentales en los ámbitos de la familia, la integridad física, el acceso a recursos productivos y las libertades civiles.

Laura Fernández Lord

Laura Fernández Lord

Este informe recoge también las normas sociales y prácticas que limitan la participación de la mujer en la economía, las que justifican la violencia de género o las que dictan que su acceso a la propiedad debe ser “mediado” por los hombres. Todas estas normas y expectativas modulan las preferencias y afectan a las decisiones y acciones de las mujeres.

En América Latina, donde trabaja la Fundación Microfinanzas BBVA, el nivel de discriminación global es bajo (menor al 25%), aunque en países como Chile, Paraguay o Haití, la discriminación es media y supera el 30%.

A pesar de que todos los países de la región permiten que las mujeres sean propietarias de la tierra, el informe señala que solo el 16% tiene un terreno a su nombre, y que son  más pequeños y de peor calidad. Además, tienen más difícil el acceso a crédito o a asistencia técnica y participan en menor medida en la toma de decisiones. Benita Hernández, una de las emprendedoras dominicanas que atiende la Fundación y que viajó a Madrid para la presentación del SIGI 2019, aseguró durante el acto que “las mujeres dominicanas no son propietarias por falta de información”. Un tema especialmente relevante en las zonas rurales donde la tierra es un aval para solicitar un crédito y el emprendimiento una oportunidad para superar la pobreza.

Respecto al acceso a servicios financieros, a pesar de que solo el 51% de las mujeres tiene una cuenta corriente (7pp por debajo de los hombres), la discriminación también es relativamente baja (13%). Pero los avales y el nivel de ingresos que se exigen impiden que más mujeres accedan al sistema financiero. Y algunas entidades financieras siguen preguntando por “el jefe de hogar” o “el propietario” de la casa o la tierra, perpetuando los estereotipos de género.

Así lo contaba Elisa Cuchupoma, nuestra emprendedora peruana que también ha participado en el acto. Según dijo, se “atrevió” a pedir un crédito sin decirle nada a su marido gracias a que encontró una entidad de la Fundación Microfinanzas BBVA que solo le pidió una firma: ¡la suya!

Eliminar las leyes discriminatorias es un primer paso pero no es suficiente: la falta de información y educación financiera y las normas y costumbres sociales en las familias son una barrera añadida para alcanzar la igualdad de género. El sector financiero tiene la responsabilidad de desarrollar productos y servicios que promuevan la inclusión financiera de la mujer y generen oportunidades para que sean millones las que puedan cambiar su realidad y su futuro.

Laura Fernández Lord

Responsable de Empoderamiento de la Mujer de la Fundación Microfinanzas BBVA